Alberto Fujimori (1990 - 2000) 

Sentenciado por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado, asesinato en agravio de las víctimas de los casos Barrios Altos, La Cantuta y Sótanos SIE, fue condenado a 25 años de prisión. Fujimori saldrá en libertad el 10 de febrero de 2032, cuando tenga 93 años, luego de haber sido declarado "autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía" en los casos mencionados.

Esta condena es un referente internacional en justicia para casos de vulneración de derechos humanos. Antes de Fujimori, ningún ex presidente fue juzgado y encarcelado en su propio país por delitos cometidos en funciones.

El último 29 de octubre, la justicia peruana rechazó el pedido de arresto domiciliario hecho por la defensa legal del exdictador. De este modo, Fujimori pasará el resto de su condena en el penal de la Diroes.

Alejandro Toledo (2001-2006)

Desde mayo de este año, el líder de Perú Posible enfrenta serias acusaciones de enriquecimiento ilícito. Investigaciones locales indican que la hipoteca de la propiedad de la familia Toledo en Punta Sal se habría pagado con dinero de la empresa fantasma Ecoteva, creada formalmente por la suegra de Toledo, Eva Fernenbug .

La investigación ha tenido dos vías: una comisión investigadora en el Congreso de la República y una investigación fiscal por presunto enriquecimiento ilícito en relación a las inversiones inmobiliarias de la señora Fernenbug, que incluyen la casa de los Toledo en Casuarinas y una oficina en un exclusivo complejo en el distrito de Surco, ascendentes a casi cinco millones de dólares.

Alan García y la Megacomisión: (1985-1990 / 2006-2011, investigado por el segundo período)

En 2011 el Congreso peruano formó una Comisión para investigar el segundo gobierno de Alan García Pérez, concretamente por probables irregularidades en cuatro campos: el programa social 'Agua para todos', la remodelación de los 'Colegios emblemáticos', el proceso de otorgamiento de beneficios penitenciarios (caso "narcoindultos"), y la distribución de ayuda humanitaria e inversiones en la mejora de la infraestructura destruida por el terremoto de 2007 en la costa central del Perú.

Respecto al primer gobierno de García (1985- 1990), en 2008, el Tribunal Constitucional declaró prescrito el proceso por la matanza de más de 100 presos de El Frontón, ocurrida en 1986, durante el mandato de García. El hecho generó gran polémica, al punto que la Oficina de Control de la Magistratura suspendió a tres vocales superiores que declararon prescrito el caso, pese a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exigían sanción contra los responsables del crimen.

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