Con el título de "El Perú está primero", la Confederación Nacional de Institutos Empresariales Privados, o CONFIEP, está haciendo circular hoy un comunicado que, entre otros, toca el tema de la concentración de medios. 

La organización de empresarios expresa su preocupación ante "hechos recientes que están afectando la confianza empresarial" y "alterando el clima de inversiones" en el país. El primero de ellos, una "súbita intervención política que, tomando partido en una controversia privada entre empresas periodísticas, pretende alterar las reglas establecidas".

Para la CONFIEP, el ámbito en el cual debe resolverse este asunto es el poder judicial, no la arena política del congreso: no se trata, dicen, de dar leyes "a pedido" que amenazan "la propiedad privada, la libertad de empresa y, en este caso, la libertad de expresión".

No es casualidad que hoy también El Comercio titule en primera plana que el Consejo de la Prensa le ha pedido al congreso peruano "no legislar" sobre los medios. Y quizá tampoco lo sea que uno de los periodistas firmantes de la acción de amparo inicial contra el grupo El Comercio por la compra de EPENSA, Mirko Lauer, escriba hoy en su columna del diario La República que "Es evidente que un ingreso del estado a la legislación del tema no va a satisfacer a nadie en el terreno periodístico".

También Mario Vargas Llosa usa su columna de hoy, esta en el diario El País de España, para opinar al respecto. Vargas Llosa, según se ha visto en los últimos días, está en contra de la concentración, que ve casi como un monopolio, y expresa este punto de vista en los términos más enérgicos y decididos. A la hora de proponer soluciones al problema, sin embargo, parece coincidir con las líneas que he detallado: para él. la iniciativa de una Ley de Prensa es un remedio peor que la enfermedad, porque no nacería de los consensos democráticos del país y porque el Congreso está sumamente desprestigiado, y nada de lo que haga tendría autoridad moral.

¿Qué está pasando? Al leer estas opiniones de partes en apariencia tan diversas, uno tiene la impresión de estar ante un debate que, a quienes quieren controlarlo, se les ha salido de las manos. Esta bien que se debata, nos dicen, pero no tanto. Y mucho menos entre congresistas. Esos, mejor callados.

Lo primero que habría que observar, sin necesidad de salir en defensa de la catadura moral del Congreso de la República, es que este tema no ha sido "politizado" ni por el presidente Humala ni por el congresista Dammert (quien anunció la presentación de un proyecto de Ley al que hoy todos reaccionan), sino que se trata de un tema político desde el saque. 

Sí, es también un tema empresarial, y también un tema judicial. Pero como el propio Vargas Llosa escribe en su columna, afirmar que el asunto de los monopolios en el campo informativo no tienen connotaciones políticas es caer en el sofisma; precisamente, el sofisma que usan algunos defensores del status quo en los medios peruanos. Más bien, quien en todo caso ha "politizado" su posición en el mercado de medios en el Perú, y continúa haciéndolo, es El Comercio, en abierta campaña desde hace bastante rato.

Lo segundo que habría que decir es que la idea que que el Congreso no debata porque está desprestigiado, y que en vez de ello lo haga el poder judicial (hecha explícita por Vargas Llosa pero presente como un fantasma en la argumentación de muchos otros), es bastante risible. Si el criterio es el desprestigio y la baja categoría moral de las instituciones, en ambos casos la cosa va por mal camino.

De hecho, entre algunos políticos peruanos (particularmente, algunos que El Comercio favorece sin pausa con su línea editorial) el Poder Judicial es el espacio favorito para las componendas y los arreglos bajo cuerda. Es el lugar donde las demandas contra ellos van no a resolverse sino a archivarse, y de dónde salen siempre libres de polvo y paja. (Por ejemplo, a la jueza que admitió la acción de amparo contra el grupo El Comercio ya la han sancionado, y quien verá la causa es otro, con un historial más opaco).

Para solucionar esta contradicción en su argumento, Vargas Llosa sugiere que se deje correr el curso judicial del caso y sus probables apelaciones, de modo que llegue a instancias internacionales como la Corte Interamericana, ellas sí más prestigiosas. Eso, por cierto, podría tomar años. Y tendría muy poco que ver con disputas entre actores privados, pues estas instancias internacionales sólo ven casos que involucran a los estados.

A mí me parece, más bien, que es en el Congreso y no en el Poder Judicial donde el debate tiene posibilidades reales de ser público y de tener alguna transparencia democrática. Y me parece que quienes pretenden que este asunto intrínsecamente político se quede en los pasillos del PJ le temen, en realidad, a la discusión de opciones sobre las que no tienen control. Sería una lástima que se salgan con la suya.