Parece que, en opinión del presidente Ollanta Humala y sus ministros, un aumento salarial de proporciones inusuales es esencial para que funcione el estado. Eso, o a los funcionarios del gabinete Villanueva les ha estado faltando dinero en los bolsillos. De ser esto último, no estarían solos en ese club: los acompaña la mayoría de trabajadores del sector público. A estos últimos, sin embargo,  ni las viejas leyes ni las nuevas les han duplicado la compensación mensual.

Ayer, a través de una norma publicada en el diario oficial El Peruano, se conoció que el gobierno a aprobado sustanciosos aumentos de sueldo para algunos funcionarios públicos. En particular, la sorpresiva medida aumenta la compensación mensual percibida por los ministros de $15,000 a $30,000, y las de los viceministros de $15,000 a $28,000. En ambos casos, un aumento de casi el 100%.

Las voces de protesta no se han hecho esperar. Desde todos los rincones del espectro político, políticos y activistas piden no sólo la derogación de este Decreto Supremo no anunciado, sino otras medidas como la interpelación de los ministros y la renuncia del gabinete. El gobierno, entre tanto, se bate en defensa de un aumento de salarios que tiene garantizada la impopularidad entre la ciuadanía.

El vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Olmedo Auris, por ejemplo, demandó en declaraciones a la cadena RPP que el congreso interpele al Ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, y denunció el aumento de salarios como un "abuso de autoridad que profundiza la discriminación y la injusticia social". Auris recordó a sus entrevistadores que el Salario Mínimo Vital, mientras tanto, está congelado en el Perú desde hace tres años.

El líder sindicalista se manifestó "profundamente indignado" por la medida, en un contexto en el que oros trabajadores públicos, como los médicos, enfermeras y administrativos del sector salud, vienen pidiendo mejoras que les son negadas.

El legislador acciopopulista Yohny Lescano se sumó al pedido de interpelación, y describió en el diario La República el aumento de sueldo a los altos funcionarios como "un descaro". Lescano pidió derogar la medida de forma inmediata.

Tanto Auris como Lescano recordaron que la Ley de Servicio Civil, bajo la cual se ha aprobado el incremento salarial, aún no está reglamentada. Más aún, pende sobre ella una interdicción constitucional aún irresuelta.

Por su parte, Cecilia Blume, exjefa de asesores del Ministerio de Econompia y Finanzas, afirmó que los nuevos niveles de compensación permitirán traer "el personal más idóneo" a los ministerios. Los ministros, dijo Blume,  "son los 16 gerentes más importantes que tenemos" a cargo de presupuestos millonarios, "y en su misma categoría, en el sector privado, los sueldos son más elevados".

En la misma línea, el Ministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla aseguró que el aumento ha sido estudiado por el gobierno y tiene "sustento técnico". Como Blume, Castilla asegura que los nuevos sueldos ministeriales harán al estado "más eficiente". 

"Para tener un Estado eficiente, moderno, al servicio del ciudadano, debemos tener el aspecto de las remuneraciones -de todos- mejorada y, basada en mérito y resultados", dijo Castilla. "Estamos partiendo por aquellos que tienen la gerencia, por llamarlo de alguna forma, del sector público. Creemos que esto es fundamental para poder atraer inversiones e implementar las reformas que hemos llevado adelante", agregó.

Otros líderes y personalidades políticas se han manifestado también al respecto, algunos de ellos incluso anunciando con un ánimo más bien incendiario que "el pueblo detendrá esta injusticia", aunque sin especificar cómo.