Como parte de la política contra la minería ilegal, el gobierno peruano lleva a cabo acciones de interdicción y control de insumos destinados a esta actividad, que día a día genera un gran impacto en el ambiente y en la salud de las personas. 

Durante el más reciente operativo de interdicción en Arequipa, el 13 de marzo, la policía nacional destruyó siete plantas procesadoras de oro ilegal en los distritos de Chala y Chaparra, en la provincia de Caravelí.

Las plantas artesanales e industriales que fueron destruidas procesaban mineral proveniente de distintas zonas del sur del país y estaban valorizadas en casi 10 millones de dólares.

Otras tres plantas, fueron también intervenidas, pero no pudieron ser destruidas debido a que la Dirección Regional de Energía y Minas de Arequipa presentó documentación que indicaba que se encuentran en proceso de formalización.

El alto comisionado para la Interdicción y Formalización de la Minería de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Daniel Urresti, a cargo de la operación, calificó el hecho como "sospechoso" e informó que el fiscal iniciará una investigación sobre estos tres casos.